Desde ADARSA ONG (Asociación de Amigos del Río San Antonio) hacemos público nuestro rechazo ante el anuncio de las autoridades provinciales en referencia al proyecto de autovía que estaría listo y para cuya elaboración, una vez más, los ciudadanos fueron ignorados.
Con un lenguaje provocador y falaz, se señala en dicho anuncio que esta vez las organizaciones ambientalistas estarían de acuerdo, sin indicar qué organización o quiénes estarían de acuerdo con la traza propuesta, supuestamente.
Así, con esta maniobra que utiliza a la mentira como principal recurso, el gobierno de Córdoba viene acudiendo a un discurso engañoso de legitimación, como hizo recientemente con el público lanzamiento de un plan de remediación de los bosques quemados, luego de una reunión en la plataforma Zoom a la que convocaron a algunas instituciones para analizar las alternativas de restauración. Estas instituciones tuvieron que desmentir y aclarar que no participaron en la elaboración de ningún plan.
En este caso también hablan de un proyecto en el que, una vez más, violan la ley. De ser cierto que está listo, han omitido respetar las normas ambientales que conceden un rol fundamental a la participación en la planificación, y -por supuesto- las normas del Manual de Gestión para obras viales, el MEGA II.
En consecuencia, denunciamos anticipadamente la ilegalidad del proyecto -si existe-, al haber omitido la participación ciudadana en su elaboración, y avisoramos la relación que tienen los incendios intencionales recientes con el trazado de estas obras, justificándolas con el inconstitucional art 14 de la ley provincial 9814. Las obras públicas también deben considerarse alcanzadas por la aplicación de la ley de bosques y la categorización de protección, sin excepción alguna.
Es momento de que el gobierno de Córdoba, en materia ambiental, dé explicaciones y respuestas sobre:
- El cumplimiento de la ley de presupuestos mínimos fijados en la Ley Federal de Manejo del Fuego.
- Cómo se han cumplido en Córdoba, en los últimos diez años, los arts 40 de la ley 26.331 y 30 de la ley provincial 9814, que prevén que luego de los incendios los bosques conservan su categoría y es obligación del titular implementar los planes de restauración, y que si no lo hace el titular queda a cargo de la Secretaria de Ambiente llevarlos a cabo con cargo de aquél.
- Las pobres estadísticas de actuación judicial en la imputación y castigo de los autores directos e indirectos de los incendios.
- Los futuros planes de restauración para reparar los inconmensurables daños ocasionados en nuestros ecosistemas a raíz de los incendios.
- Realización de la auditoría ambiental en San Roque para la evaluación y subsanación de los daños ambientales derivados de la realización de la primera etapa de la obra vial en cuestión y puente sobre el lago San Roque.
- Provisión de servicios básicos a las comunidades de Punilla.
Este contexto de emergencias -social, económica y sanitaria- no es momento para obras faraónicas que destruyan nuestra biodiversidad y nos condenen a la extinción, anunciadas con un discurso que pretende legitimarse con las falsas afirmaciones de una supuesta conformidad de ciertos sectores.
Desde ADARSA ONG pedimos que se descarten los proyectos elaborados sin participación ciudadana desde el momento inicial de su planificación y que, además, en caso de gran envergadura de los mismos, se recurra al Estudio de impacto Ambiental Acumulativo.
Exigimos, en definitiva y en cumplimiento del mandato constitucional de velar por un Ambiente Sano, que se cumplan las leyes vigentes.