Todo este proceso demostró que caducó un modelo de hacer política que Unión por Córdoba sostuvo durante este período.
El miércoles 1° de marzo murió el proyecto de ley del Gobierno provincial sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Tres estocadas lo dieron por tierra.
Por la mañana, todo el arco opositor legislativo (el interbloque Cambiemos, Córdoba Podemos y el Frente de Izquierda) le quitó cualquier posibilidad de acuerdo, dejando sin sustento la posibilidad de consenso que el gobernador Juan Schiaretti puso como requisito para su aprobación.
Por la tarde, unas 40 mil personas convocadas por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo mostraron su voluntad de oponerse a cualquier iniciativa que signifique seguir perdiendo bosques y matorrales nativos para ser entregados a los modelos productivos que impliquen su sobresimplificación o directa eliminación.
Esta multitud, llegada desde todo el territorio provincial, es la que, poniendo el cuerpo en la calle en tiempos en que la participación suele quedar restringida a las redes sociales, garantizará que no sea endeble la definición de la oposición.
Por la noche, el exgobernador José Manuel de la Sota se hizo ver por Twitter para expresar que en el bosque nativo son tan valiosos los árboles como los arbustos, los pastizales y toda la biodiversidad asociada.
De esta manera, comunicó de modo sutil que sus legisladores no votarán el proyecto de ley, al igual que no lo hicieron el 28 de diciembre pasado.
No hay dudas de que a partir de todos estos acontecimientos ha comenzado una nueva etapa en la actualización del OTBN. Una etapa que –tan simple– deberá ajustarse a lo prescripto por la ley nacional número 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
No se ajustó en 2010 con la aprobación de la ley número 9.814 y no se ajustaba ahora, tal como lo indicó la respuesta del 27 de enero pasado del director de Bosques de la Nación, Rubén Manfredi, a la petición realizada por el Foro Ambiental Córdoba.
¿Cómo seguirá el oficialismo?
El oficialismo no pudo aprobar el proyecto de ley el pasado 28 de diciembre, tal como se lo había propuesto. Las objeciones al articulado, el ocultamiento del mapa de OTBN que se pretendía aprobar (el cual supuestamente debían elaborar los legisladores), el recurso de amparo que impidió realizar una audiencia pública legislativa en Villa de María de Río Seco, y una multitudinaria convocatoria de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo el propio 28 de diciembre, postergaron la posibilidad de aprobación para el primer trimestre de 2017.
En enero, se fue fisurando el acuerdo por el proyecto entre el Gobierno y los dirigentes ruralistas –desconocido para el resto de la población– con acusaciones del sector del campo por la falta de aprobación de la ley.
Esta grieta desembocó en el discurso del gobernador del 1° de febrero, en el que planteó el consenso legislativo como requisito indispensable para aprobar la norma.
Finalmente, en febrero, la Nación se expresó en forma técnica, objetando el proceso y el proyecto de OTBN, de tal manera que la esperada bendición del Gobierno nacional nunca llegó.
La visita a Córdoba realizada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, el pasado 6 de marzo, ratificó que el apoyo de su ministerio será estrictamente técnico.
En este contexto, la decisión de legisladores de Unión por Córdoba de comenzar a realizar reuniones de comisión en localidades del norte provincial para “llevar el debate a los lugares donde la ley tiene impacto directo” no resulta orgánica con el proceso participativo indicado por la Nación.
Además, no hay ninguna información metodológica sobre cómo relevarán a los actores sociales del lugar, cómo serán invitados o cómo un interesado puede inscribirse para participar.
De esta manera, las reuniones contarían con una participación fuertemente sesgada a las personas y las instituciones que sean invitadas por los legisladores departamentales, que, recordemos, fueron los firmantes del cuestionado proyecto de ley.
Todo este proceso demostró que caducó un modelo de hacer política que sostuvo Unión por Córdoba durante este período. Recordemos que este es el mismo oficialismo que el 3 de agosto pasado aprobó la ley 10.362, que suspendió la aplicación de leyes ambientales en loteos sociales estatales, con toda la oposición en contra.
Dicha ley fue promulgada pese al pedido de veto que formulamos desde el Foro Ambiental Córdoba, fundado en que eludir los estudios ambientales iba a perjudicar justamente a la fracción de población más vulnerable, que iba a adquirir esos terrenos.
Es fundamental para todos los cordobeses que los propios dirigentes oficialistas hagan su autocrítica sobre sus procedimientos para hacer política.
Más transparencia y participación no redundará sólo a favor de los bosques nativos y del ambiente. También significará una mejora de la democracia en Córdoba.
* Biólogo, presidente del Foro Ambiental Córdoba