En la ciudad de Córdoba se produjo el 7 y 8 de este mes la Preconferencia de Partes 2019 (Precop). Un evento demasiado importante para el futuro de nuestra región y el mundo como para que pase inadvertido, más aún si el resultado fue un rotundo fracaso y un retroceso para enfrentar el cambio climático global, la mayor amenaza a nuestra propia supervivencia en el planeta.
A ello se suma el hecho de que la gran mayoría de los expertos en la materia, científicos y técnicos, no sólo no fueron invitados al evento sino que se les negó cualquier intento de participación.
El objetivo del encuentro debió haber sido comprometer acciones concretas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la mitigación de las consecuencias que el cambio climático global está generando en la región. Con estupor, los cordobeses observamos que varias de sus conclusiones no fueron en ese sentido, sino muy por el contrario.
Los asistentes a la Precop –en su mayoría funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales– solicitaron entre otras cosas “flexibilizar” la ley de bosques para permitir el desmonte en zonas periurbanas.
Esta “propuesta”, amén de ser violatoria del espíritu de esta ley y de leyes superiores, incrementaría no sólo el efecto invernadero (los bosques nativos son importantes fijadores de dióxido de carbono). También afectaría los microclimas locales, al perderse la acción protectora de estos sobre las islas de cemento.
En particular, la “demanda” de las autoridades locales está enfocada en permitir que avancen las urbanizaciones en las zonas donde quedan los remanentes del escasísimo bosque serrano de nuestra provincia, sectores que por su calidad ambiental y belleza paisajística son los más apreciados por los desarrollistas.
Bajo el argumento de evitar los conflictos, se pretende que la Secretaría de Ambiente siga autorizando, como lo viene haciendo, el desmonte con fines inmobiliarios de bosques en zonas con categoría roja y amarilla de nuestras sierras.
Estos bosques que molestan a nuestros funcionarios y los pocos empresarios sin conciencia de la magnitud del daño que generan al presionar para que se les autorice a desmontar son fundamentales, tanto por su contribución para reducir el efecto del cambio climático global como por su aporte en la dinámica hídrica de la región, al regular la cantidad, calidad y estacionalidad del agua que proveen nuestras cuencas.
El ejemplo de lo ocurrido en Sierras Chicas, que sufrió un avance indiscriminado de las urbanizaciones en la parte alta de sus cuencas, con sus reiteradas sequías y las catastróficas inundaciones en la temporada de lluvias, ha puesto en evidencia que continuar autorizando desmontes en los límites ampliados de los municipios o las denominadas zonas grises no sólo no generará desarrollo genuino, sino que provocará una pérdida de la calidad de vida y el bienestar de todos sus habitantes.
Por su parte, es una fantasía –además de no ser una medida efectiva de remediación– la promesa de reforestar otras áreas a cambio de que se autoricen desmontes en zonas con bosque nativo, en una provincia donde el Gobierno ni siquiera ha logrado que los responsables de desmontar ilegalmente reforesten una sola hectárea perdida.
Por el bien de todos los habitantes de la región y el planeta, esperemos que este suicidio colectivo al que quieren llevarnos nuestros gobernantes pase inadvertido en la próxima Conferencia de las Partes sobre cambio climático de las Naciones Unidas, a realizarse a fin de año en Santiago de Chile.
Nuestro futuro, lamentablemente, está en pésimas manos.
Continuar autorizando desmontes no sólo no generará desarrollo genuino, sino que provocará una pérdida de la calidad de vida y el bienestar de todos sus habitantes.